Solidaridad de escritorio y poder: el caso Charles Carrera
En Uruguay, el ejercicio de la solidaridad institucional puede adquirir formas peculiares. Más aún cuando se combina con jerarquía, discrecionalidad y una estructura estatal flexible ante ciertas voluntades políticas. El reciente caso del exsenador y exjerarca del Ministerio del Interior, Charles Carrera, hoy imputado por fraude, falsificación ideológica y uso indebido de información privilegiada, ofrece un ejemplo digno de estudio… o al menos de manual.
Todo comenzó en 2012, cuando un civil, Víctor Hernández, fue baleado en un episodio confuso en La Paloma. Lo que siguió fue una atención médica costosa en el Hospital Policial —pese a que Hernández no era policía— y una serie de beneficios económicos que, según la Fiscalía, alcanzaron los USD 260.000, entre atención médica y tickets de alimentación. Todo bajo la rúbrica de Carrera, entonces Director General de Secretaría del Ministerio del Interior.
La Fiscalía entiende que lo ocurrido no fue un acto de humanidad, sino una desviación del procedimiento legal: se habrían utilizado recursos públicos sin la debida justificación normativa, y se habrían firmado documentos cuya legalidad está hoy bajo cuestionamiento. Para el Ministerio Público, no se trató de ayudar a un ciudadano en situación crítica, sino de romper las reglas del juego institucional.
Carrera, por su parte, argumenta que actuó por razones "humanitarias" y denuncia una clara persecución política, sobre todo al considerar que la formalización ocurre en un contexto preelectoral. El Frente Amplio, su fuerza política, guarda un prudente silencio, mientras en redes sociales sus simpatizantes repiten el libreto: "lawfare", "campaña sucia", "el poder judicial al servicio del enemigo".
La defensa del exsenador pone el acento en la supuesta transparencia de los actos: afirma que la información era pública y que no hubo dolo alguno. A su vez, critica a la Fiscalía por cambiar la carátula del caso y por incorporar nuevas pruebas sin la debida notificación. Una narrativa que mezcla tecnicismos legales con victimismo político.
La ciudadanía, por su parte, observa con una mezcla de escepticismo y resignación este nuevo episodio en el que la generosidad institucional se convierte en imputación penal, y donde ayudar a un civil termina costando caro… aunque no necesariamente a quien firma los papeles, sino al Estado.
Este caso vuelve a abrir el debate sobre el uso de recursos públicos, la discrecionalidad de los jerarcas y la delgada línea entre la empatía y la ilegalidad. Porque en el Estado, como en la vida, no todo lo que se hace con buena intención es jurídicamente aceptable.
Reflexión final:
El poder sin control no es solidaridad, es arbitrariedad. Y en democracia, hasta los actos "humanitarios" deben pasar por el tamiz de la legalidad. De lo contrario, se corre el riesgo de transformar la compasión en delito… y la ayuda al prójimo en una citación judicial.
Pues así están las cosas, amigos, y se las hemos narrado.
