¿Uruguay pelechó en materia de seguridad pública?
Entre balas que alcanzan el transporte público, fiscales que trabajan sin protección en el interior del país y una seguidilla de homicidios que marcó el inicio de 2026, la seguridad volvió a ocupar un lugar central en la agenda. Más allá de planes, anuncios y estadísticas, los hechos recientes reabren una pregunta incómoda sobre la capacidad del Estado para garantizar protección efectiva en la vida cotidiana.
El inicio de 2026 volvió a colocar a la seguridad pública en el centro de la discusión. No fue a partir de un anuncio oficial ni de la presentación de un nuevo plan estratégico, sino como consecuencia de una sucesión de hechos concretos que impactaron de lleno en la vida cotidiana. Episodios que, por su carga simbólica y su cercanía temporal, volvieron a tensionar el discurso político sobre los avances en la materia y a instalar una sensación de fragilidad que atraviesa a buena parte de la sociedad.
La inseguridad no se expresa únicamente en estadísticas ni en informes técnicos. Se manifiesta, sobre todo, en situaciones puntuales que alteran la rutina, generan miedo y erosionan la confianza en la capacidad del Estado para garantizar condiciones básicas de protección. Cuando esos hechos dejan de ser excepcionales y comienzan a repetirse, el problema deja de ser abstracto y se vuelve experiencia directa.
El jueves 22 de enero de 2026, una bala perdida atravesó la carrocería de un ómnibus de la empresa Cutcsa que circulaba por el barrio Ituzaingó, en Montevideo, e hirió en la pierna a una joven de 20 años que viajaba como pasajera. El episodio ocurrió en la intersección de Possolo y General Flores, una zona de tránsito habitual, sin que mediara un enfrentamiento visible ni un operativo policial en curso. El conductor detuvo la unidad y la joven fue trasladada al Hospital Pasteur, donde recibió atención médica. La víctima decidió no presentar denuncia.
El hecho, aunque no tuvo consecuencias fatales, dejó una señal clara. La violencia no quedó circunscripta a un ajuste de cuentas ni a un territorio identificado históricamente con altos niveles delictivos. Apareció en un espacio cotidiano, compartido, que simboliza la normalidad urbana. El transporte público, parte central de la vida diaria de miles de personas, quedó atravesado por una lógica de riesgo que hasta hace algunos años parecía ajena a la realidad uruguaya.
No se trató de un ataque dirigido. Fue una bala al azar. Y justamente por eso el impacto social fue mayor. La idea de que cualquiera puede quedar en medio de un episodio violento, sin advertencia previa, alimenta una sensación de vulnerabilidad difícil de contrarrestar con discursos oficiales. En materia de seguridad, la percepción no es un fenómeno secundario ni una distorsión: es parte constitutiva del problema.
Mientras estos episodios ocurren en la capital, desde el interior del país se acumulan señales que exponen otra dimensión de la misma fragilidad. Fiscales que cumplen funciones fuera de Montevideo han manifestado públicamente su preocupación por la falta de medidas de protección adecuadas, incluso cuando investigan delitos complejos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. En varios departamentos, estos funcionarios se trasladan a pie hasta sus lugares de trabajo, no cuentan con custodia permanente ni con vehículos asignados y desarrollan tareas sensibles en comunidades pequeñas, donde el anonimato prácticamente no existe.
La situación no es menor. Cuando quienes representan al Estado carecen de protección suficiente, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional. Investigar organizaciones criminales o economías ilegales sin respaldo operativo expone a los fiscales como personas, pero también condiciona el funcionamiento del sistema de justicia. La capacidad del Estado para hacer cumplir la ley no depende solo de normas o estructuras formales, sino de las condiciones concretas en las que trabajan quienes deben aplicarlas.
En contextos donde el delito organizado busca consolidar control territorial, la ausencia de protección adecuada para operadores judiciales transmite una señal inquietante. No se trata únicamente de una cuestión presupuestal. Es una definición política sobre prioridades y sobre el nivel de respaldo que el Estado está dispuesto a ofrecer a quienes cumplen funciones clave en la persecución del delito.
El clima de preocupación se profundizó con lo ocurrido en los primeros días del año. Entre la tarde del domingo 4 y la madrugada del lunes 5 de enero, cinco personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en distintos puntos del país. Los homicidios se registraron en Montevideo, Durazno y Maldonado, departamentos con realidades distintas, pero atravesados por un mismo fenómeno.
En Maldonado, un joven de 30 años fue baleado en plena vía pública. En Montevideo, una persona fue encontrada sin vida en una cañada del barrio Cauceglia y, horas más tarde, una persona en situación de calle murió tras una pelea en la zona de Parque Batlle. En Durazno, dos hombres fueron asesinados en una boca de venta de drogas, en un episodio vinculado al control de una economía ilegal.
Cinco homicidios en un solo día no pueden ser explicados únicamente como una anomalía estadística. Funcionan como una señal de alerta que interpela de forma directa a las políticas públicas de seguridad. Cada muerte es una tragedia individual, pero también un indicador de fallas acumuladas en prevención, control territorial e intervención temprana. Cuando estos episodios se concentran en un período tan corto, la sensación de desborde gana espacio, aun cuando los promedios anuales puedan relativizar el impacto.
Desde el plano oficial, el énfasis sigue puesto en la existencia de planes, en el uso de evidencia empírica y en la mejora de determinados indicadores delictivos. Se subraya la reducción de algunos delitos, la incorporación de tecnología y la profesionalización de la policía. Sin embargo, la distancia entre ese discurso y la experiencia cotidiana de amplios sectores de la población sigue siendo evidente. Mientras los informes muestran variaciones a la baja en algunos registros, la sensación de inseguridad se mantiene elevada, alimentada por hechos concretos que golpean con fuerza en el imaginario social.
Esta brecha no puede atribuirse únicamente al tratamiento mediático de los delitos. Los hechos existen, ocurren y afectan la vida diaria. La inseguridad se vive cuando una bala atraviesa un ómnibus, cuando un fiscal trabaja sin custodia o cuando una jornada termina con múltiples homicidios en distintos puntos del país. Son situaciones que no admiten relativizaciones sencillas.
Uruguay no es un país desbordado por la violencia ni enfrenta niveles de criminalidad comparables a los de otras naciones de la región. Pero tampoco puede seguir amparándose sin matices en una imagen de excepcionalidad que ya no se sostiene con la misma solidez. En los últimos años, el país experimentó cambios en las dinámicas delictivas, con mayor peso del narcotráfico, disputas territoriales más visibles y una violencia que, aunque focalizada, se volvió más letal.
La seguridad pública aparece hoy como un equilibrio frágil. Un sistema que continúa funcionando, pero con fisuras visibles; una institucionalidad que conserva capacidades, pero que enfrenta dificultades para anticiparse y responder de manera consistente a fenómenos complejos. La violencia no es generalizada, pero es persistente. No es caótica, pero sí disruptiva. Y, sobre todo, es cada vez más visible en espacios que antes se percibían como seguros.
La pregunta que titula esta columna no busca una respuesta simple ni binaria. ¿Uruguay pelechó en materia de seguridad pública? Puede haber avances parciales, esfuerzos sostenidos y diagnósticos más afinados que en otras etapas. Pero los hechos recientes indican que esos avances aún no logran traducirse en una sensación extendida de protección y confianza.
La seguridad no se mide únicamente en porcentajes, rankings o comparaciones regionales. Se mide en la posibilidad de desplazarse por la ciudad sin temor, en la garantía de que quienes investigan delitos complejos cuenten con protección adecuada y en la capacidad del Estado para evitar jornadas marcadas por múltiples homicidios. Mientras esas condiciones no estén plenamente aseguradas, la pregunta seguirá abierta, incómoda y necesaria.
Pues así están las cosas, amigos, y se las hemos narrado.
