Cardama, EuroCommerce y la patrullera invisible

El gobierno uruguayo denunció al astillero español Cardama por presunto fraude en la compra de patrulleras. Detrás del caso, una empresa "avalista" que cambia de dirección como quien cambia de historia, y un Estado que vuelve a descubrir —una vez más— que la fe ciega no es política de defensa.

Un contrato que flotaba bien, hasta que se hundió

Todo empezó con buenas intenciones —como casi todo lo que termina mal—. El gobierno firmó con el astillero español Cardama un contrato millonario para construir dos patrulleras oceánicas destinadas a la Armada. Uruguay necesitaba renovar su flota, modernizarse, proyectar soberanía marítima. Cardama, por su parte, ofrecía experiencia, prestigio y garantías.

Sí, garantías. Esa palabra que en los papeles suena tranquilizadora, pero que en este caso terminó siendo más liviana que una burbuja.

Con el tiempo, el entusiasmo se fue desinflando. Retrasos, incumplimientos, versiones cruzadas, rumores de que las patrulleras estaban tan avanzadas como un boceto en servilleta. En abril de 2025, el gobierno ya olfateaba algo raro. Algunos mandos de la Armada fueron sancionados por entregar información poco confiable, y un informe posterior confirmó lo que todos sospechaban: había gato encerrado.

Y no un gato cualquiera. Un gato con bandera española y domicilio incierto en Londres.

El aval fantasma y la inmobiliaria misteriosa

El momento más surrealista llegó cuando el gobierno intentó ejecutar la garantía de cumplimiento, el famoso aval que debía cubrirse a través de la empresa EuroCommerce. En teoría, esta compañía británica respaldaba el contrato y aseguraba que, si algo salía mal, el Estado no perdía un peso.

En la práctica, cuando el embajador uruguayo fue a reclamar el dinero, encontró otra cosa: una inmobiliaria. Ni oficinas, ni empleados, ni rastros de la firma avalista. El único "patrimonio" visible era una puerta cerrada y un cartel que decía To let.

Fue entonces cuando EuroCommerce, con una serenidad muy británica, respondió que sí, efectivamente, habían cambiado de dirección. Que ahora su sede estaba en 85 Great Portland Street, en Londres, donde —según los registros— funcionan miles de empresas fantasma, muchas de ellas sancionadas por eludir controles de lavado de activos.

Todo muy tranquilizador.

Por si fuera poco, el sitio web de EuroCommerce mostraba como imagen principal la fachada de un banco canadiense (TD Bank) que había sido multado por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico. Sí, la misma fachada. Si fuera una serie de Netflix, diríamos que el guionista se pasó de rosca. Pero esto es el mundo real, donde el absurdo no necesita casting.

El astillero se defiende: "Yo también fui engañado"

Desde España, Mario Cardama, el empresario detrás del astillero, asegura que él también fue víctima. Que el aval existía, que fue renovado, que EuroCommerce era una firma seria. En resumen: que si alguien fue estafado, también lo fue él.

Suena convincente. O casi. Porque mientras el empresario lamenta haber confiado en la empresa equivocada, los uruguayos lamentan haber confiado en la promesa equivocada. Al final, la línea entre ingenuidad y negligencia se vuelve borrosa.

Y aquí entra la pregunta del millón —literalmente—: ¿cómo un Estado con equipos jurídicos, diplomáticos y financieros termina firmando con una empresa avalista que parece sacada de un tutorial sobre cómo montar una offshore?

No hace falta ser Sherlock Holmes para sospechar que hubo, como mínimo, una mezcla tóxica de desprolijidad, urgencia y confianza ciega. Lo que se compró no fue solo un barco: fue una ilusión de control.

La burocracia como arte del autoengaño

En Uruguay tenemos una capacidad casi poética para burocratizar el sentido común. Cuando algo huele mal, en lugar de revisar el tacho, pedimos un informe. Cuando ese informe confirma que hay olor, pedimos otro para determinar si el olor cumple con la normativa.

Así, entre sellos, notas y firmas, los meses pasan. Y el dinero también.

El caso Cardama es, en ese sentido, un espejo incómodo. Porque más allá de los nombres propios, muestra un Estado que confunde procedimiento con prudencia. Se cumplió cada paso administrativo, pero nadie pareció detenerse a preguntar lo obvio: ¿existe realmente la empresa que dice avalar todo esto?

No hay corrupción sin complicidad pasiva. Y a veces, la pasividad más cómoda es la del funcionario que no quiere ver.

La política y la herencia del silencio

Por supuesto, el escándalo ya fue absorbido por la política. El gobierno actual denuncia con fuerza y promete ir "hasta las últimas consecuencias". El anterior levanta las manos y dice que todo estaba en regla cuando dejó el poder. La oposición acusa de persecución, el oficialismo responde con indignación moral. El guion clásico.

Mientras tanto, el contribuyente —ese personaje secundario que paga la cuenta— mira la escena con una mezcla de resignación y humor negro.

Uruguay tiene una larga tradición de escándalos que empiezan con ruido y terminan con sobreseimientos, informes que se archivan y causas que prescriben. Si algo caracteriza a nuestra institucionalidad es su habilidad para sobrevivir a sus propias vergüenzas.

Y así, entre comunicados y conferencias, el país sigue navegando en un mar de buenas intenciones con timón averiado.

Entre fantasmas y patrias

El caso Cardama no es solo un episodio de mala suerte diplomática. Es la metáfora perfecta de cómo funcionamos: confiamos en empresas que no existen, en garantías que se borran, en gestiones que se justifican con tecnicismos.

Y mientras discutimos si la culpa fue del gobierno anterior o del actual, lo esencial se diluye: ¿quién cuida al Estado cuando el Estado no se cuida a sí mismo?

No hace falta conspiración cuando basta la desidia.

No hace falta corrupción abierta cuando el sistema ya permite que el dinero se escape por las rendijas.

El humor —ese último refugio del ciudadano lúcido— es la única manera de soportar la reiteración del mismo cuento. Hoy es Cardama. Ayer fue otra empresa. Mañana será una nueva sigla, con otra dirección postal y otra excusa digital.

Conclusión: el país de los avales imaginarios

Cuando el presidente Yamandú Orsi anunció la denuncia contra Cardama, dijo que había "indicios contundentes" de fraude. Puede que los haya. Pero también hay algo más profundo que el fraude económico: el fraude institucional de creer que el control se ejerce con formularios y no con pensamiento crítico.

Uruguay, pequeño pero orgulloso, confía mucho en su reputación de país serio. Pero la seriedad no se demuestra en foros internacionales ni en rankings de transparencia: se demuestra cuando un embajador va a Londres con un papel para cobrar un aval… y termina en una inmobiliaria.

Esa escena resume todo.

Un Estado que viaja para cobrar una garantía que no existe, una empresa que cambia de dirección y un empresario que jura no saber nada.

Si esto fuera ficción, sería brillante. Pero es real.

Y por eso, es tragicómico.

Las patrulleras, tal vez algún día, llegarán. O no.

Lo que seguro ya zarpó —sin destino y sin retorno— es otra parte de la confianza ciudadana en las instituciones.

Pues así están las cosas, amigos, y se las hemos narrado.