Cardama no se hizo ni de papel

La rescisión del contrato con Cardama reabrió un debate que combina argumentos jurídicos, cuestionamientos técnicos y lecturas políticas. Mientras el gobierno invoca incumplimientos en garantías y pólizas, la oposición advierte sobre costos e incertidumbre. En el fondo, persiste una historia conocida: la Armada sigue esperando patrulleras que nunca terminan de llegar.

La rescisión del contrato por las patrulleras oceánicas volvió a poner al TOCAF, a la política y a la paciencia de la Armada Nacional en el centro de una discusión que Uruguay arrastra desde hace demasiado tiempo.

En este país los barcos pueden tardar años en llegar. A veces ni siquiera parten. La decisión del gobierno de dejar sin efecto el contrato con el astillero español Cardama no solo reordenó un expediente administrativo. También reactivó una controversia donde lo jurídico y lo político vuelven a cruzarse sin demasiados rodeos.

La historia, en realidad, es mucho más larga que este episodio. La renovación de las patrulleras oceánicas lleva cerca de veinte años orbitando entre diagnósticos técnicos, anuncios oficiales y procesos que avanzan con dificultad. Veinte años no es una demora circunstancial. Es una señal estructural.

Durante los gobiernos del Frente Amplio, el proyecto no llegó a concretarse. Más tarde, bajo la administración de Luis Lacalle Pou, el proceso avanzó hasta desembocar en el contrato que ahora quedó sin efecto. Con Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva, el rumbo cambió.

El Ejecutivo defendió la rescisión en dos planos. El jurídico y el técnico.

Desde el punto de vista normativo, la decisión se ampara en el TOCAF, que regula los procedimientos de contratación pública y habilita la interrupción de contratos ante incumplimientos considerados graves. La base legal existe y fue explicitada.

Pero el argumento central del gobierno fue de carácter técnico. El presidente Orsi subrayó que las dos garantías consideradas esenciales en el contrato, la garantía de reembolso y la garantía de fiel cumplimiento, no cumplían con las condiciones pactadas.

La explicación fue reforzada públicamente por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien en conferencia de prensa remarcó que una de las pólizas presentadas tampoco se ajustaba a lo establecido contractualmente. El mensaje fue directo. Según el Ejecutivo, no se trataba de una diferencia menor ni de un matiz interpretativo, sino de aspectos que comprometían la viabilidad jurídica del acuerdo.

En paralelo, el gobierno buscó marcar una señal política clara. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, fue categórica. "En esta administración habrá patrulleros", afirmó.

La frase operó como compromiso y también como intento de cortar con una narrativa demasiado conocida. La de proyectos estratégicos que sobreviven a varios gobiernos sin traducirse en resultados visibles.

La oposición reaccionó con dureza. El Partido Nacional cuestionó la decisión, advirtió sobre posibles consecuencias económicas y alertó sobre el precedente que podría sentar la rescisión. La crítica no se concentra únicamente en Cardama, sino en la señal que deja un contrato cancelado en una etapa ya avanzada.

Y allí aparece uno de los puntos más sensibles. La eventualidad de una demanda internacional.

Las cifras que circulan son hipotéticas, pero el impacto de la incertidumbre es real. En este tipo de escenarios, el costo no se mide solo en montos potenciales, sino en ruido institucional, percepción de riesgo y tensión en la conversación pública.

También entra en juego un activo menos visible pero clave. La reputación jurídica del país.

Uruguay se presenta, con fundamentos sólidos, como una plaza previsible y respetuosa de los marcos contractuales. Cada controversia de alto perfil obliga a examinar no solo quién tiene razón, sino cómo se toman las decisiones y cómo se comunican.

Mientras tanto, la pregunta de fondo permanece intacta. ¿Para qué necesita Uruguay patrulleras oceánicas?

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Para vigilancia, control y presencia efectiva en su zona económica exclusiva. Para tareas que no admiten sustitución discursiva. La falta de medios adecuados no es un debate abstracto dentro de la defensa. Es una limitación concreta.

Durante años, la renovación de la flota quedó relegada frente a prioridades presupuestales más urgentes o más visibles. Salud, educación, seguridad pública, infraestructura. La defensa rara vez compite con ventaja política. El diagnóstico técnico, sin embargo, nunca desapareció.

Lo paradójico es que, cuando el proceso finalmente avanzó, el desenlace volvió a colocar todo bajo revisión. Como si cada punto de llegada terminara funcionando apenas como una estación transitoria.

El episodio Cardama vuelve a exponer una dificultad estructural. La fragilidad de las políticas de largo plazo.

En Uruguay, muchos proyectos estratégicos sobreviven a varios gobiernos, pero no siempre sobreviven a sus reinterpretaciones. Lo que una administración presenta como avance, la siguiente puede leerlo como problema.

Revisar decisiones heredadas es legítimo. A veces imprescindible. El desgaste aparece cuando cada revisión se percibe como ruptura total y no como ajuste.

En el plano jurídico se discuten incumplimientos, garantías y cláusulas. En el plano político se discuten responsabilidades, legados e intenciones. Son lógicas distintas que rara vez conviven sin fricción.

El resultado es conocido. Debate intenso, posiciones firmes, lecturas cruzadas.

Y otra vez, las patrulleras ausentes.

La Armada sigue esperando. El sistema político sigue discutiendo. El país vuelve a asistir a una escena repetida.

No es solo una historia sobre barcos.

Es una historia sobre decisiones que avanzan lento, se revisan rápido y rara vez terminan de materializarse.

Y las patrulleras, otra vez, siguen sin aparecer. Ni en el agua. Ni en los muelles.

Pues así están las cosas, amigos, y se las hemos narrado.