El gobierno rescindió el contrato con Cardama por incumplimientos en la construcción de los buques OPV
La resolución fue adoptada en Consejo de Ministros y apunta a demoras, fallas técnicas y garantías contractuales consideradas inexistentes o inválidas. Defensa iniciará acciones judiciales en Uruguay y en el exterior.
El Poder Ejecutivo resolvió rescindir el contrato firmado con el astillero español Francisco Cardama S.A., encargado de construir dos patrulleros oceánicos OPV destinados a la Armada Nacional. La decisión fue adoptada en Consejo de Ministros y quedó establecida en una resolución oficial fechada el 13 de febrero de 2026, en Montevideo.
El acuerdo, suscrito el 15 de diciembre de 2023, tenía como objetivo dotar a Uruguay de nuevas unidades para patrullaje y control marítimo. Sin embargo, el gobierno sostiene que el proyecto quedó trabado por una serie de incumplimientos graves que impidieron avanzar en los plazos y condiciones previstas.
Entre los elementos más relevantes se encuentra un informe elaborado por el organismo internacional de certificación Bureau Veritas, que detectó deficiencias importantes en la presentación del proyecto técnico, así como en la obtención de permisos necesarios para la construcción bajo normativa uruguaya.
Según el documento oficial, no existía un proyecto definitivo aprobado ni planos finales, y tampoco se habría acreditado la autorización correspondiente para construir embarcaciones bajo bandera uruguaya, un requisito considerado fundamental.
A esto se sumaron retrasos significativos en el avance de obra. En el caso del buque identificado como C-250, el gobierno señala que el progreso apenas alcanzaba un 43%, cuando el cronograma contractual exigía superar el 70% a esa altura del proceso.
También se cuestionó la supuesta "puesta de quilla", uno de los hitos formales de la construcción naval. Un certificado emitido en diciembre de 2025, según la resolución, no confirmaría el cumplimiento real del compromiso asumido, sino una etapa similar sin instalación permanente completa.
Otro punto central del conflicto fueron las garantías exigidas por contrato. El Poder Ejecutivo sostiene que la empresa no presentó una póliza válida de fiel cumplimiento ni la garantía de reembolso correspondiente, lo que configuraría un incumplimiento esencial. Incluso, el documento menciona que la garantía presentada no era tal, sino un texto de "Términos y Condiciones", considerado inválido.
Como fundamento jurídico, la resolución invoca el artículo 70 del TOCAF, que habilita al Estado a rescindir unilateralmente contratos ante incumplimientos graves del adjudicatario.
En este marco, se encomendó al Ministerio de Defensa Nacional iniciar acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales, tanto en Uruguay como en el exterior, con el objetivo de reclamar el reintegro de lo abonado y eventuales daños y perjuicios.
La medida fue firmada por el presidente Yamandú Orsi junto a varios ministros, cerrando formalmente el vínculo contractual, aunque abriendo un escenario de disputa legal internacional que podría extenderse en el tiempo y afectar la planificación futura de la Armada.
Resolución Caso Cardama: Gobierno rescinde el contrato por la construcción y ventas de buques OPV
Fuente: Presidencia de la República
Resolución Caso Cardama: Inicio de acciones legales del Ministerio de Defensa Nacional.
Fuente: Presidencia de República
